Gonzalo le pedía “más y más recurso” a Mimilo para la campaña pese a saber que era ilícito, según MP

Santo Domingo.- Gonzalo Castillo llamaba de manera frecuente a Mimilo Jiménez para pedir «más y más»,  recursos para utilizarlos en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2019, a sabiendas de que la procedencia del dinero era ilícita.

Según la medida de coerción presentada por el Ministerio Público a los imputados  en la operación Calamar, Castillo recibió tres mil ochocientos doce millones de pesos  (DOP 3,812,000,000,00) para el financiamiento del proceso interno del PLD.

“El Ministerio Público tiene evidencia de que el imputado Gonzalo Castillo Terrero recibió la suma antes señalada en efectivo, de manos de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo. Así mismo era frecuente que el imputado Gonzalo Castillo Terrero llamara para pedir más y más recursos, a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos distraídos del Estado, que le fueron entregados a Gonzalo Castillo Terrero para financiar parte de su campaña interna en el año 2019 y su candidatura presidencial en el año 2020, pero los mismos no fueron declarados3 ante la Junta Central Electoral, evidentemente porque no podían justificar su procedencia”.

El expediente explica demás, que  el dinero distraído fue utilizado exclusivamente a la campaña del entonces precandidato Gonzalo Castillo que los recibía de manera personal y en su oficina, los fondos distraídos, y de manera excepcional los recibían personas de su confianza.

Las entregas de las sumas de dinero de procedencia ilícita se hicieron en el edificio GAMPSA IV piso 7, ubicado en la calle José López, entre las calles Luis Padilla y Amelia Francasci, Distrito Nacional, o en un lugar al que denominaron “la casita”, ubicada calle Ceiba núm. 102, esquina Helios, en el sector de Bella Vista, Distrito Nacional.

Dinero de campaña 

Según el Ministerio Público en la Operación Calamar, el ex presidente Danilo Medina habría instruido a un grupo de funcionarios que buscaran dinero para financiar la campaña de Gonzalo Castillo con miras  a la competencia  interna  del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el año 2019 y para las elecciones nacionales del 2020, proceso que produjo más de RD$6,000 millones para esos fines de un total superior a los 19 mil millones que se le había defraudado al Estado.

“En el año 2019, antes de las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el entonces presidente Constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, entre ellos los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros altos funcionarios; en esta reunión instruyó a sus funcionarios más cercanos, titulares de ministerios y direcciones generales a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 (internas del PLD) y las del 2020, a sabiendas que esa búsqueda era ilícita”, indica el Ministerio Público en la solicitud de orden judicial de allanamiento.

Indica que raíz de esa reunión el entonces director de la OISOE, Francisco Pagán, convocó al que se tenía como principal contratista para informarle que debía hacer aportes para la campaña, a lo que Bolívar Ventura ofreció darle 200 millones de pesos, cantidad que le pareció insuficiente a los funcionarios responsables de recaudar dinero con fines de campaña.

La operación Calamar 

El «caso Donald Guerrero» es, según la Procuraduría,  el más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.

Se trata de un mecanismo para cobrar miles de millones de pesos al Estado por expropiaciones que datan de hasta 50 años y que eran cobrados a precios actuales y que los investigadores estiman que la mayoría de los fondos quedaban en manos de personas vinculadas con el Ministerio de Hacienda de la gestión anterior.

El Ministerio Público ha sido cauto hasta ahora porque se enfrenta al reto de demostrar el ilícito por parte de los funcionarios de la gestión anterior, abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de expropiaciones.